Defensoría del Pueblo presenta herramienta para denunciar violencia contra la mujer

El «violentómetro» es una forma de simplificar los tipos penales y supuestos de violencia que van desde las ofensas, humillaciones, gritos, lesiones, hasta la muerte.

En el marco de la semana conmemorativa al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, a celebrarse este 25 de noviembre, la Defensoría del Pueblo presentó este jueves tres nuevas herramientas, dos de divulgación y una de capacitación, con el propósito de minimizar la violencia de género en nuestro país.

Así lo informó, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien explicó que se trata del «Violentómetro» -tipo regla de medición- que expone los tipos de amenaza de la que puede ser víctima la mujer, «es una forma de simplificar los tipos penales y supuestos de violencia que van desde las ofensas, humillaciones, gritos, lesiones, hasta la muerte». Igualmente, se exhibió un afiche denominado «Por el derecho a parir con calidad y calidez» que busca eliminar la violencia obstétrica.

Ramírez señaló que el «Violentómetro» fue repartido en las salidas del Metro de Caracas y en la Plaza Bolívar de ciudad capital, con el fin de generar una mayor protección hacia este sector vulnerable de la población. Subrayó que «desde la Defensoría del Pueblo no abandonaremos la lucha para abatir la violencia de género».

Igualmente, se bautizó una manual denominado «Guía de Facilitación: Curso Básico de los Derechos Humanos de las Mujeres» -de cinco módulos- que será usado en las comunidades a través de los promotores comunitarios para su divulgación como herramienta pedagógica.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo informó que este viernes con el apoyo del ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol, será presentado unas «recomendaciones para optimizar la recepción de denuncias», dirigido a más de 500 funcionarios y funcionarias policiales de todas las instancias de seguridad del Área Metropolitana de Caracas. También aseguró que «una denuncia mal recibida puede terminar en la pérdida de vida de una mujer o mayor violencia contra ella», refirió.

Durante la actividad  estarán presentes líderes comunitarios y los 33 defensoras y defensores de todo el país, con el fin de establecer vínculos con el resto de los cuerpos policiales estadales y municipales para una mejor recepción de las denuncias por género como lo expresa la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Colombia busca salidas a fallo limítrofe de CIJ con Nicaragua

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos rechazó la nueva frontera marítima y estudia alternativas para materializar esa reacción, aunque los expertos ven pocas opciones.
Colombia, inconforme con la delimitación marítima en el Caribe con Nicaragua que definió esta semana la Corte Internacional de Justicia (CIJ), busca salidas sin desconocer el fallo, en un contexto de estrecho margen de maniobra jurídica y diplomática.

«Este trago no lo vamos a pasar así no más. La resignación aquí no cabe», advirtió la canciller María Ángela Holguín durante una comparecencia en el Congreso el miércoles, dos días después del que el tribunal de la ONU anunciara el fallo sobre una demanda interpuesta por Nicaragua en 2001, informó AFP.

La CIJ resolvió el lunes una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos rechazó la nueva frontera marítima y estudia alternativas para materializar esa reacción, aunque los expertos ven pocas opciones.

Pese al fallo, los barcos de la Marina de guerra colombiana que usualmente patrullan esa zona continuaban allí, según aseguró el comandante de la institución, almirante Roberto García-Márquez.

El oficial dijo que recibió instrucciones para «mantener la soberanía nacional en la jurisdicción marítima colombiana (…) entendida como la que históricamente el pueblo colombiano ha conocido por más de 200 años».

Para Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad El Rosario de Bogotá, a Colombia sólo le quedan dos acciones: pedir aclaración del fallo y una revisión.

Aunque consideró que el fallo «es ajustado al derecho», Abello dijo que «hay puntos que no son claros, por haber dejado enclaves y no haber respetado la unidad del archipiélago».

Para el gobierno colombiano, con el nuevo trazado de la línea limítrofe en el mar, la Corte «fraccionó» el archipiélago de San Andrés, pues dejó enclavados en las nuevas aguas de soberanía nicaragüense los cayos colombianos de Quitasueño y Serrana.

Ello afectará el «equilibrio marítimo de la zona», consideró Abello.

Además, según la canciller colombiana, el fallo de la Corte «desconoce por completo la zona económica exclusiva y la plataforma continental».

«Si hubiera respetado la plataforma continental de Providencia, esa cubría Quitasueños y esa área», precisó Holguín.

En tanto, Antonio Rengifo, experto en derecho internacional marítimo de la Universidad Nacional de Colombia, consideró que la decisión de la CIJ es «bastante problemática», e instó al gobierno a «estudiar muy bien la situación».

Además, al margen de las consecuencias para Colombia del fallo, éste «crea una situación de inseguridad jurídica a nivel mundial porque ahora cualquier país podrá desconocer un tratado y acudir a la Corte», dijo Rengifo.

El académico hizo alusión de este modo al tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, con el que en 1928 Managua cedió a Bogotá las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y declarado nulo por Nicaragua en 1980.

En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas y se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso.

Los habitantes de la isla de San Andrés realizarán el viernes una manifestación de protesta contra el fallo, que el gobierno colombiano asegura también compromete tratados limítrofes firmados con Costa Rica, Panamá y Honduras.